El otro filo de la seguridad: ¿quién protege nuestros datos?

El otro filo de la seguridad: ¿quién protege nuestros datos?

Hay decisiones que parecen sencillas hasta que nos detenemos a pensar en sus consecuencias.

El registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles se presenta como una medida de seguridad: identificar al titular de una línea, reducir el anonimato utilizado para cometer delitos y dificultar prácticas como la extorsión, el fraude o la suplantación de identidad.

Y sí: tener una línea telefónica vinculada a una identidad puede ser una herramienta útil para combatir el delito.

Pero aceptar una medida de seguridad no significa que debamos dejar de hacernos preguntas.

Porque la verdadera discusión comienza precisamente después de decir: “Estoy de acuerdo con que mi línea esté identificada.”

La pregunta siguiente debería ser:

¿Qué información estamos vinculando, quién la resguarda, quién puede acceder a ella y qué sucede si esa información es vulnerada?

La regulación vigente establece que las líneas móviles deben estar vinculadas con un titular y contempla procesos de validación de identidad y, en determinados casos, una prueba de vida. La propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que, para el registro de la línea, no se almacenan huellas dactilares ni iris como parte de ese procedimiento.

Pero el tema de los datos personales va mucho más allá del simple registro de un número telefónico.

Las compañías de telecomunicaciones pueden tratar diferentes categorías de información dependiendo del servicio y de la relación contractual. Y nuestro teléfono celular dejó de ser hace mucho tiempo un simple aparato para hacer llamadas.

Hoy puede contener nuestra vida digital.

En un teléfono podemos tener acceso al correo electrónico, redes sociales, fotografías, documentos, plataformas gubernamentales, aplicaciones financieras, servicios de almacenamiento, sistemas de trabajo, información de nuestros clientes y, en muchos casos, mecanismos para recuperar contraseñas o autenticar nuestra identidad.

El teléfono puede convertirse, en la práctica, en una de las llaves de acceso a nuestra identidad digital.

Por eso la discusión no debería limitarse a:

“¿Quién tiene mi número?”

La pregunta debería ser:

“¿Qué tan vulnerable puede volverse mi identidad si diferentes piezas de información terminan relacionadas entre sí?”

Un número telefónico, por sí solo, es un dato.

Pero un número asociado con una identidad, domicilio, información fiscal, dispositivos, patrones de uso, ubicación y otros datos puede adquirir un valor completamente diferente.

Y aquí aparece el otro filo de la seguridad.

Toda base de datos creada para proteger información también puede convertirse en un objetivo atractivo para quienes buscan robarla.

No importa qué tan buena sea una política de seguridad en el papel: ninguna institución, empresa o sistema conectado a internet puede prometer que el riesgo de una vulneración sea absolutamente cero.

La historia reciente nos ha demostrado que incluso organizaciones que manejan enormes cantidades de información pueden sufrir incidentes de ciberseguridad.

Por eso la pregunta no debería ser únicamente:

“¿Qué harán las autoridades para protegernos del delito?”

También deberíamos preguntar:

“¿Qué harán para protegernos de las consecuencias de una vulneración de los datos que se están recopilando?”

Porque hay datos que pueden cambiarse.

Una contraseña puede cambiarse.

Una tarjeta bancaria puede cancelarse.

Un número telefónico puede sustituirse.

Pero existen otros datos que forman parte de nuestra identidad física y que no podemos simplemente reemplazar si algún día quedan comprometidos.

Ahí es donde la protección de datos deja de ser un asunto técnico y se convierte en un asunto de seguridad ciudadana.

Y existe todavía otra pregunta:

¿Quién tendrá acceso a esa información?

No basta con decir que los datos estarán protegidos.

Necesitamos saber bajo qué circunstancias pueden ser consultados, qué autoridades pueden solicitarlos, qué controles existen sobre esos accesos, cuánto tiempo se conservarán, qué terceros pueden intervenir en su tratamiento y qué mecanismos tendrá el ciudadano para conocer el uso que se ha hecho de su información.

Porque la confianza no debería construirse únicamente sobre la promesa de que “los datos estarán seguros”.

La confianza se construye con transparencia, límites, controles, responsabilidad y mecanismos efectivos de protección.

Y existe una cuestión todavía más incómoda:

¿Qué ocurre cuando la seguridad se convierte en una justificación para concentrar cada vez más información?

No se trata de caer en teorías de conspiración.

Tampoco de afirmar que el gobierno, las compañías telefónicas o las instituciones necesariamente utilizarán nuestros datos de manera indebida.

Se trata de algo mucho más sencillo:

hacer las preguntas correctas antes de entregar información que puede tener consecuencias durante muchos años.

Porque una sociedad responsable no debería elegir entre seguridad y privacidad como si necesariamente fueran conceptos incompatibles.

Necesitamos ambas.

Necesitamos herramientas capaces de combatir la extorsión, el fraude, la suplantación y otros delitos.

Pero también necesitamos mecanismos capaces de proteger a los ciudadanos cuando la información utilizada para construir esa seguridad sea atacada, filtrada, utilizada indebidamente o quede expuesta por un error humano o tecnológico.

Porque una herramienta puede tener dos filos.

Puede protegernos del delincuente.

Pero si no existen suficientes controles, también puede convertirse en un objetivo de enorme valor para el delincuente.

Y aquí comienza la verdadera pregunta.

Hace años vi una película —no recuerdo hoy su nombre— en la que un hombre, un académico ya retirado, hablaba con su joven asistente sobre el futuro que estaba comenzando a construirse alrededor de las computadoras, los teléfonos y el Internet.

Había una idea que se me quedó grabada:

quien tuviera acceso a la información tendría el poder.

En aquel momento podía parecer una reflexión futurista.

Hoy ya no lo es.

Vivimos en un mundo en el que la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos que existen.

Pero hay una pregunta que quizá hemos hecho demasiado poco:

¿Poder para qué?

¿Para proteger?

¿Para prevenir delitos?

¿Para ofrecer mejores servicios?

¿Para tomar mejores decisiones?

¿Para conocer mejor a una sociedad?

¿Para vender?

¿Para influir?

¿Para controlar?

¿O para algo que todavía no alcanzamos a imaginar?

Porque quizá el verdadero problema no sea que exista información sobre nosotros.

El verdadero problema comienza cuando no sabemos quién tiene esa información, qué puede hacer con ella y qué ocurrirá si cae en las manos equivocadas.

Por eso, antes de aceptar o rechazar cualquier nueva medida de seguridad, deberíamos exigir algo elemental:

información sobre la información.

Saber qué se recopila.

Saber quién la resguarda.

Saber quién puede consultarla.

Saber para qué puede utilizarse.

Saber cuánto tiempo permanecerá almacenada.

Y, sobre todo, saber qué garantías tenemos si algún día esa información deja de estar bajo nuestro control.

Porque proteger a los ciudadanos no significa solamente impedir que alguien utilice un teléfono para cometer un delito.

También significa impedir que la información que identifica a esos ciudadanos termine convirtiéndose en el siguiente gran riesgo.

La seguridad no debería exigirnos renunciar a nuestra privacidad.

Y la privacidad tampoco debería convertirse en refugio para el delito.

El verdadero desafío está en construir un sistema capaz de proteger ambas.

Porque al final, la pregunta no es solamente:

¿Quién tiene nuestra información?

La pregunta que deberíamos hacernos es mucho más profunda:

¿Quién tendrá el poder que esa información representa… y para qué lo utilizará?